República Inteligente
El Código establece principios que deben orientar el diseño, adquisición, uso y supervisión de sistemas de inteligencia artificial en los servicios públicos.
Entre ellos se destacan el servicio al interés público y la protección de los derechos humanos; la equidad, inclusión y no discriminación; la transparencia, explicabilidad y trazabilidad; la privacidad, protección y calidad de los datos; la robustez técnica, la soberanía digital y la gestión responsable del riesgo; así como la responsabilidad, la rendición de cuentas y la sostenibilidad.
En términos prácticos, esto significa que la IA pública debe estar al servicio de las personas, debe poder ser explicada, debe proteger los datos ciudadanos y debe contar siempre con una autoridad humana responsable.
Pero el valor del Código no está solamente en declarar principios.
También propone reglas prácticas para convertir esos principios en acciones verificables.
Por ejemplo, establece evaluaciones de impacto antes de desplegar sistemas de IA que puedan afectar derechos o servicios esenciales; plantea registros institucionales y transparencia sobre los sistemas utilizados; exige informar a las personas cuando una decisión relevante haya sido apoyada por IA; incorpora requisitos éticos en la contratación pública; identifica usos prohibidos y restricciones de alto riesgo; y reconoce mecanismos de recurso, corrección y revisión humana.
Estas disposiciones son esenciales porque el ciudadano no puede quedar indefenso ante una decisión automatizada que no comprende o que no puede cuestionar.
Este Código también tiene una dimensión institucional y democrática.
No se trata solo de orientar a técnicos o especialistas, sino de crear una cultura pública de responsabilidad frente a la inteligencia artificial.
Las máximas autoridades de cada institución deben asumir el cumplimiento de estos principios, formar capacidades internas, identificar responsables y garantizar que la IA sea utilizada de manera coherente con la integridad pública.
Además, el documento reconoce la importancia de la participación ciudadana, la auditoría independiente, la colaboración con la academia, la sociedad civil y los organismos internacionales, porque una tecnología que impacta la vida de todos no puede gobernarse de espaldas a la sociedad.
La República Dominicana da así un paso significativo en un momento decisivo.
La inteligencia artificial seguirá avanzando y cada vez será más poderosa, más cotidiana y más influyente en la toma de decisiones.
La pregunta es si la utilizaremos de manera improvisada o si construiremos las reglas, capacidades y valores necesarios para ponerla al servicio del bienestar colectivo.
Con este Código, el país envía un mensaje claro: queremos una inteligencia artificial útil, sí, pero también justa; innovadora, pero también transparente; eficiente, pero también respetuosa de la dignidad humana.
Al final, el progreso tecnológico solo merece llamarse progreso cuando amplía derechos, fortalece la confianza y mejora la vida de las personas.
Por: Edgar Batista
Director General de la OGTIC
Publicado originalmente en
El Nuevo Diario
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Fuente: lavoz
