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Las fuerzas de seguridad venezolanas que operan contra los grupos rebeldes colombianos a lo largo de la frontera han ejecutado a campesinos y han torturado, arrestado y procesado arbitrariamente a civiles en tribunales militares, según denunció Human Rights Watch (HRW) en un informe publicado este lunes. Esto en el marco de los enfrentamientos en el estado Apure, lindante con Colombia.
Las fuerzas de seguridad venezolanas se involucran en los enfrentamientos entre bandas rivales de rebeldes colombianos por el control del narcotráfico y los civiles se llevan la peor parte. Así lo denuncia un informe de la ONG Human Rights Watch (HRW), publicado este 26 de abril.
Según las investigaciones de la organización humanitaria, que cita a víctimas, testigos y líderes comunitarios, desde el inicio de la operación lanzada por el Ejército venezolano el pasado 21 de marzo, los militares han cometido ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y torturas contra habitantes del estado Apure, fronterizo con Colombia.
En ese momento, el Gobierno de Nicolás Maduro aseguró que el propósito del operativo era combatir a grupos armados irregulares que operan en su país. Un día después de que comenzaran los enfrentamientos, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, dijo que producto de la operación más de 30 personas fueron detenidas, seis campamentos rebeldes fueron destruidos y los uniformados incautaron varias armas. No identificó a los presuntos grupos colombianos que combatía.
Sin embargo, según diversas denuncias, las autoridades omitieron que al menos cuatro civiles fueron sacados de su vivienda y asesinados por militares venezolanos y otros residentes fueron torturados, acusados de colaborar con grupos armados.
Entre los casos de abusos detallados en el reporte de HRW se encuentran los asesinatos de cuatro miembros de una familia, el 25 de marzo pasado. Sus cuerpos con heridas de bala, y de arma blanca fueron encontrados a más de un kilómetro de su casa. Expertos forenses indicaron que armas podrían haber sido puestas cerca de sus manos.
Emir Remolina, hijo de dos de las personas asesinadas, dijo a Human Rights Watch que había visto a sus padres con vida esa mañana, pero cuando regresó a su casa por la tarde, descubrió que había sido saqueada y que sus padres estaban desaparecidos. Los vecinos le dijeron que las fuerzas de seguridad se los habían llevado en un tanque blindado.
“Estos casos siguen un patrón similar al de los abusos sistemáticos de las fuerzas de seguridad del régimen que han originado investigaciones internacionales sobre posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela”, afirma el documento de la organización.
Como consecuencia de la operación en Apure, alrededor de 6.000 personas se vieron forzadas a abandonar sus hogares y huir hacia Arauquita, un pueblo de Colombia donde los refugios ahora se encuentran abarrotados y no todos tienen acceso a ayudas.
Tras entrevistar a algunos de los desplazados, autoridades colombianas, peritos forenses y representantes de grupos humanitarios, HRW asegura que muchos de los detenidos «no eran miembros de grupos armados», sino simplemente parte de la población local. Los afectados identificaron como responsables de los abusos a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana, a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y al Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS).
“No son incidentes aislados por agentes insubordinados, sino que son consistentes con los abusos sistemáticos de las fuerzas de seguridad de Maduro”, ratificó José Miguel Vivanco, director de HRW para las Américas, quien entregó este lunes las denuncias a la Corte Penal Internacional (CPI) y a la Organización de Naciones Unidas.
El origen de los abusos
Los relatos sobre lo que provocó los enfrentamientos varían, pero líderes comunitarios y grupos de derechos humanos afirmaron a HRW que una banda armada colombiana presuntamente vinculada con el Gobierno venezolano está tratando de derrocar a un grupo guerrillero rival para consolidar su control sobre el narcotráfico.
HRW destaca que, previamente, el Gobierno venezolano ha tolerado la presencia de movimientos de Colombia al margen de la ley y que actualmente la Administración de Nicolás Maduro mantiene cercanía con la llamada Segunda Marquetalia, formada por disidentes de las FARC y dirigida por Luciano Marín Arango, alias ‘Iván Márquez’, quien lideró las conversaciones de la desaparecida guerrilla para firmar el acuerdo de paz con el Gobierno colombiano en 2016.
Human Rights Watch señala que la Segunda Marquetalia se encuentra en enfrentamientos para tratar de expulsar al Frente Décimo, otro grupo formado por disidentes de las FARC, con el que se disputa el control por el tráfico de drogas. Y el Frente Décimo es también el objetivo de la operación de los militares venezolanos.
El acuerdo de paz de 2016 puso fin a cinco décadas de conflicto con la guerrilla más antigua de Latinoamérica. Muchos de sus miembros abandonaron las armas y hay quienes se unieron a la política colombiana. Otros abandonaron el pacto y volvieron a la violencia. Pero ahora, las denominadas disidencias sufren profundas divisiones y se enfrentan entre sí, algunas con el posible respaldo de las autoridades venezolanas, de acuerdo con las denuncias de HRW.
