Andalucía figura entre las comunidades con mayor volumen absoluto de recursos captados en innovación, alcanzando cerca de 1.000 millones de euros, según el Radar Zabala Innovation 2026. Este dato la coloca entre los territorios con mayor capacidad de activación financiera en términos absolutos (la quinta comunidad del Estado), en un contexto en el que España ha alcanzado un récord histórico de 23.981 millones de euros en inversión en I+D en 2024, equivalentes al 1,5% del PIB. Podría interpretarse como buenas noticias. Pero es un espejismo. El Radar desvela que pese al alto volumen total, Andalucía está por debajo de la media nacional en intensidad de inversión en I+D: mientras que España alcanza aproximadamente el 1,5% del PIB, la comunidad se encuentra en el entorno del 0,7%-0,8%, lo que implica que su esfuerzo relativo en innovación representa aproximadamente la mitad de la media estatal.
En el ranking autonómico, Andalucía ocupa una posición intermedia-baja en términos de intensidad innovadora. Se sitúa claramente por detrás de las comunidades líderes como País Vasco, Madrid, Cataluña o Navarra, y solo por encima de territorios como Extremadura, Baleares o Canarias. Medido en euros por habitante, directamente es la última en el ranking de Zabala, por debajo de los 150, lejos de los 650 del País Vasco.
La brecha respecto a las regiones más avanzadas es significativa. Mientras los territorios líderes superan el 2% del PIB en I+D, Andalucía mantiene una distancia superior a un punto porcentual, lo que evidencia un margen de mejora estructural si el objetivo es converger con los ecosistemas más intensivos en innovación.
Es importante señalar que este indicador mide esfuerzo relativo sobre PIB y no volumen absoluto de inversión. Dado el tamaño de la economía andaluza, el volumen total movilizado puede ser elevado, pero en términos de intensidad el esfuerzo sigue estando por debajo del promedio nacional.
Respecto a los Next Generation, Cataluña es la comunidad que más fondos ha recibido en términos absolutos, con una cifra que supera los 9.500 millones de euros, sumando tanto los recursos gestionados directamente por la Generalitat como aquellos canalizados por el Estado. En segundo lugar se sitúa la Comunidad de Madrid, que supera los 8.600 millones de euros. Andalucía ocupa el tercer puesto, con casi 8.000 millones de euros, aunque con una particularidad: es una de las regiones donde mayor peso relativo tienen los fondos gestionados directamente por la administración autonómica, lo que permite un despliegue más ajustado a las necesidades de su territorio.
En un escenario en el que la inversión nacional en I+D ha crecido un 52% desde la pandemia, encadenando diez años consecutivos de aumento, el Radar subraya que el reto ya no es únicamente movilizar más recursos, sino garantizar su impacto estructural. Andalucía se encuentra en una fase de consolidación de su ecosistema innovador, con una mayor articulación entre administración, universidades, centros tecnológicos y empresas, lo que refuerza su capacidad para competir en programas europeos.
El informe también recuerda que España sigue lejos del objetivo europeo del 3% del PIB en I+D, y que el crecimiento inversor aún no se traduce plenamente en productividad y empleo cualificado a gran escala. En este contexto, comunidades con elevada capacidad de gestión autonómica como Andalucía tienen margen para fortalecer su impacto si avanzan en la profesionalización de proyectos, la colaboración público-privada y la integración de innovación en sectores tractores como la energía, la industria avanzada o la agroindustria.
Asimismo, el Radar señala que la competitividad futura dependerá menos del volumen absoluto de inversión y más de la capacidad de ejecución, la alineación estratégica y la transformación efectiva del conocimiento en valor económico y social.
El desafío para la comunidad será, por tanto, evolucionar desde la movilización intensiva de recursos hacia una mayor eficiencia relativa y una especialización tecnológica sostenida, reforzando la conexión entre financiación pública, inversión privada y transformación industrial.
Fuente: El Economista
