En plena precampaña electoral, Comisiones Obreras ha anunciado una querella criminal contra las consejerías de Medio Ambiente y Presidencia y sus responsables por vulnerar los derechos laborales de los trabajadores del operativo de extinción de incendios así como por prevaricación.
Así lo han anunciado la secretaria general de CCOO Castilla y León, Ana Fernández de los Muros, junto al secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía, Jesús García, y el responsable de Medio Ambiente de la misma, José Ramón Jiménez, han explicado la motivación de esta querella.
Fernández de los Muros ha señalado que se presenta esta querella por un incumplimiento "reiterado" de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales para el colectivo de bomberos forestales de Castilla y León a pesar de las resoluciones y requerimientos de la Inspección de Trabajo, algo que ha afirmado que les ha llevado "inevitablemente" a denunciar. "Hemos procurado negociar en todo momento para poner encima de la mesa estas cuestiones", ha asegurado la secretaria autonómica del sindicato.
La querella contempla tres aspectos fundamentales, uno de ellos el exceso de jornada de los trabajadores del operativo cuando se encuentran en la extinción de un incendio, un tiempo que no puede superar las doce horas y lo supera "en la mayoría de los casos", algo que puede influir en el agotamiento y en accidentes "in itinere".
Por otro lado, en la querella se pone de manifiesto el mal uso inadecuado que se hace de los equipos de protección individual y todo lo que tiene que ver con la prevención en materia de cancerígenos, que Fernández ha recordado que también es un riesgo para la salud.
"La Junta de Castilla y León sigue sin querer hacer evaluaciones de riesgo que realmente nos den una foto fija de estos asuntos", ha añadido Ana Fernández, quien ha insistido en que todo esto tiene que ver con la vida de los trabajadores y la Junta, que es la que tiene las competencias en materia de prevención, no ha querido a negociar.
En la misma línea, José Ramón Jiménez ha reiterado que no ha habido "vía alternativa" a la presentación de la querella porque el sindicato no puede permanecer "inactivo" ante los incumplimientos "reiterados y sistemáticos" de los responsables de estas dos consejerías de sus obligaciones respecto a la seguridad y la salud de los trabajadores.
El responsable de Medio Ambiente del sindicato ha profundizado en las "tres patas" de la querella, con base en otros tantos incumplimientos y consideran que son autores de un delito que consideran "muy serios" como son la vulneración de los derechos de los trabajadores a la seguridad y a la salud laboral y prevaricación administrativa.
En cuanto al incumplimiento de la jornada máxima de trabajo del operativo, Jiménez se ha remontado a denuncias ante la Inspección por esta cuestión desde 2015 porque ha asegurado que no se pueden tener jornadas de hasta 21 horas, sobre lo que ya ha habido diferentes resoluciones de la Inspección de Trabajo. Además, ha apuntado que este verano tienen los testimonios y partes de trabajo de gente que ha trabajado 50 horas en tres días o que ha hecho 170 horas extras en un mes.
"En un operativo que hace esto y lo obligan a hacer esto a los trabajadores porque la Junta no tiene ni medios, ni recursos, ni organización, porque es un operativo insuficiente", ha añadido el responsable sindical, quien ha contrapuesto esta situación a la de los medios del Ministerio, cuyas brigadas "cumplen escrupulosamente" las 12 horas de jornada máxima, que está "dictaminada de forma obligatoria" por la Inspección de Trabajo en diferentes requerimientos.
El segundo incumplimiento, a juicio del sindicato, tiene que ver con el uso de los equipos de protección individual, que asegura que la Junta "usa inadecuadamente e indebidamente" y que ha motivado hasta cuatro resoluciones de la Inspección, la última de ellas por la denuncia de Comisiones Obreras en agosto de 2024. Jiménez ha afirmado que la Junta obliga a los trabajadores "de forma deliberada" a usar los equipos de protección incluso en tiempo de espera, sin encontrarse en la extinción de un incendio, en muchas ocasiones bajo altas temperaturas o para otras labores.
A este respecto, ha añadido que no se sabe si a veces se hace "a modo de castigo" o por pura "incompetencia" porque obliga a tener un equipo de protección limpio puesto y, en caso de incendio, cambiarse y ponerse otro sucio, algo que ha asegurado no entender.
Además, ha asegurado que cuando algún responsable de la Consejería de Medio Ambiente de alguna provincia ha querido cumplir las instrucciones y los requerimientos de la Inspección se le ha conminado desde la Consejería a que no lo haga. "Tienen que dar la cara, tienen que decir qué están haciendo cuando no están cumpliendo sus obligaciones legales y están escritas y depende de la salud y la seguridad de los trabajadores", ha agregado.
La tercera "pata" es el incumplimiento sistemático de la Consejería de aplicar la Ley de Prevención al operativo cuando se trabaja en extinción de incendios y contradice tanto sentencias europeas del Tribunal de Justicia Europeo sino también resoluciones de la inspección de trabajo.
En este sentido, ha explicado que la Junta hace una interpretación de la Ley que tiene como excepción la aplicación de la misma en casos de grave catástrofes en todas las extinciones de incendios, algo que se rechaza en una sentencia europea y sobre lo que se ha pronunciado la propia Inspección.
"Nos falta cualquier tipo de razonamiento lógico que no sea la estrategia del avestruz y meter la cabeza en el agujero para que una administración se comporte de esta forma con un aspecto tan importante como es el operativo de prevención y extinción de incendios", ha asegurado José Ramón Jiménez, quien ha añadido que la Junta es la que tiene que explicar el motivo de esta "inacción" y "omisión de su deber".
Fuente: El Economista
