El Gobierno valenciano del Partido Popular ha encontrado en el mercado de la vivienda a uno de sus mejores aliados a la hora de presentar los resultados de su política fiscal. Las arcas autonómicas han cerrado el año 2025 con un fuerte crecimiento en la recaudación de los impuestos propios y cedidos que gestiona la Generalitat Valenciana, que han aumentado un 13,39% y alcanzan los 2.882 millones de euros.
Un aumento que se ha basado en los dos principales impuestos indirectos que ingresa la Administración autonómica: Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Dos gravámenes vinculados fundamentalmente a las operaciones de compra y venta de viviendas e inmuebles así como a las hipotecas. Un tirón que, además permite a los populares sacar pecho de su estrategia fiscal frente a las críticas de la oposición, al haber compensado sobradamente la supresión del Impuesto de Sucesiones para los familiares más directos desde mediados de 2023.
El balance del año pasado refleja que el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) es la auténtica columna vertebral del dinero que la Administración regional ingresa a través de la Agencia Tributaria Valenciana. Después de aumentar un 11,7% el año pasado, representa casi 6 de cada 10 euros recaudados por el fisco valenciano. Un peso que además ha aumentado en dos puntos porcentuales en los últimos cuatro años.
Con esta evolución, la Generalitat ya ha aprobado una rebaja del tipo general del 10% al 9% que se aplicará este año. El actual presidente valenciano ya ha dejado ver que aún hay margen de maniobra para actuar sobre el impuesto con el que más recauda directamente la Generalitat y ha apuntado que su intención es ir más allá y situarlo en el 8%.
Aún más significativo ha sido el efecto generado por el incremento del número de traspasos inmobiliaries y el alza del precio en las operaciones de vivienda en Actos Jurídicos y Documentados. En apenas un año los aportado por este impuesto en la comunidad se ha disparado un 21,2% y acumula una subida del 46% desde 2022.
La buena marcha del mercado inmobiliario de la Comunidad Valenciana explica esa evolución, ya que pese al alza de precios el año pasado se formalizaron 170.570 operaciones de compraventa de casas, un 6,5% más que el año anterior.
Ese dinero ha permitido a la Hacienda valenciana más que compensar los efectos de la principal bajada de impuestos que aprobó la Generalitat tras la llegada de Mazón y el PP a la presidencia a mitad de 2023. Entonces eliminó Sucesiones y Donaciones para los familiares más directos con una bonificación del 99%.
Aunque el resultado de esa medida ha supuesto menos ingresos por el impuesto de Sucesiones respectoa a 2022 y 2023, el año pasado la recaudación por este concepto repuntó más un 25% respecto al año anterior, con 231 millones de euros. Una cifra que representa un 28% menos del dinero que aportó en el último año completo del Gobierno de coalición de izquierdas de Ximo Puig. Una subida que se vincula por un lado a que han descendido las renuncias a herencias por efecto de la rebaja y también al incremento del valor patrimonial por la situación económica.
El sucesor de Mazón, Pérez Llorca, ha anunciado que este año aprobará extender la supresión de Sucesiones hasta el cuarto grado de parentesco en el caso de las empresas familiares y que se aplicará una bonificación del 25% cuando afecten a hermanos y sobrinos, que se elevará al 50% para el ejercicio 2027.
Por lo que respeta a Donaciones, aunque el número de declaraciones se ha incrementado considerablemente según la Generalitat, lo ingresado se ha reducido un 2,1%. En este caso hay que tener en cuenta que también el Gobierno valenciano aprobó deducciones de hasta el 100% para las destinadas a los afectados por la catástrofe de la dana en Valencia.
Los vientos a a favor de la coyuntura económica también han permitido que las arcas autonómicas valencianas lograsen más dinero por vía de otros impuestos, como es el caso de Patrimonio, que tras años con incrementos moderados y cifras por debajo de los 200 millones de euros experimentó un alza del 14,7% y reportó 228,2 millones.
El denominado como impuesto a los ricos por parte de los partidos de izquierdas ha estado en el centro del debate sobre la fiscalidad valenciana en los últimos meses. PP yVox pactaron en los últimos presupuestos elevar el umbral del mínimo exento de los 500.000 euros al millón de euros para este año, lo que reduce significativamente el número de contribuyentes que tendrán que abonarlo en Alicante, Castellón y Valencia. También en una modificación reciente el Consell ha introducido una nueva deducción en este gravamen por las inversiones realizadas en empresas emergentes valencianas.
Unas medidas duramente criticadas por los socialistas y Compromís, que reprochan a la Generalitat los recortes en impuestos pese a la elevada deuda autonómica y a la infrafinanciación, a las que se han sumado los costes extraordinarios por la reconstrucción de la dana.
Fuente: El Economista
