{"id":17054,"date":"2026-09-02T17:51:30","date_gmt":"2026-09-02T21:51:30","guid":{"rendered":"https:\/\/informespoliticos.com\/index.php\/2026\/09\/02\/venezuela-las-interrogantes-juridicas-del-acuerdo-petrolero\/"},"modified":"2026-09-02T17:51:30","modified_gmt":"2026-09-02T21:51:30","slug":"venezuela-las-interrogantes-juridicas-del-acuerdo-petrolero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/informespoliticos.com\/index.php\/2026\/09\/02\/venezuela-las-interrogantes-juridicas-del-acuerdo-petrolero\/","title":{"rendered":"Venezuela: las interrogantes jur\u00eddicas del acuerdo petrolero"},"content":{"rendered":"
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A finales de los a\u00f1os noventa, bajo el Gobierno democr\u00e1tico de Rafael Caldera, Venezuela contaba con una industria petrolera robusta que produc\u00eda m\u00e1s de tres millones de barriles diarios. Cuando se plante\u00f3 la necesidad de expandir esa industria y abrirla al capital privado nacional e internacional, la delicada y transcendental decisi\u00f3n se discuti\u00f3 y se tom\u00f3 de cara al pa\u00eds.<\/p>\n

La Dra. Dolores Dobarro, quien durante esos a\u00f1os se desempe\u00f1\u00f3 como consultora jur\u00eddica y posteriormente como viceministra de Energ\u00eda y Minas, se\u00f1ala que la pol\u00edtica de la Apertura Petrolera fue objeto de un amplio y cr\u00edtico debate p\u00fablico: su fundamento jur\u00eddico fue avalado por la Corte Suprema de Justicia, y su marco de condiciones fue debatido y autorizado por el Congreso de la Rep\u00fablica, donde el Gobierno estaba en minor\u00eda.<\/p>\n

Los contratos se asignaron mediante un proceso competitivo y transparente. Dobarro recuerda incluso que, despu\u00e9s de aprobado por el Congreso el marco de condiciones, las propias empresas participantes, buscando mayor seguridad jur\u00eddica, pidieron que los contratos de ganancias compartidas fueran tambi\u00e9n sometidos a la aprobaci\u00f3n parlamentaria.<\/p>\n

Casi tres d\u00e9cadas despu\u00e9s, el contraste es monumental. Tras m\u00e1s de un cuarto de siglo de una Revoluci\u00f3n Bolivariana que se autoproclama nacionalista y antiimperialista, con una industria petrolera diezmada que apenas sobrepasa el mill\u00f3n de barriles diarios, los venezolanos se enteraron, por sorpresa, a trav\u00e9s de un breve mensaje en redes sociales del presidente de una potencia extranjera, que la gobernante interina de Venezuela, Delcy Rodr\u00edguez, junto con el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, hab\u00edan alcanzado "el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial\u201d.<\/p>\n

En su mensaje, el mandatario estadounidense Donald Trump asegur\u00f3 que ese convenio le otorgar\u00e1 a su pa\u00eds el control mayoritario sobre m\u00e1s de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de crudo en Venezuela.<\/p>\n

Fue solo despu\u00e9s del anuncio de Trump cuando la encargada de la presidencia ofreci\u00f3 a los venezolanos, en una escueta intervenci\u00f3n p\u00fablica, algunos detalles generales del acuerdo que compromet\u00eda una parte sustancial de las reservas petroleras del pa\u00eds.<\/p>\n

La an\u00f3mala situaci\u00f3n \u2014en la que los venezolanos dependen de un Gobierno extranjero para conocer decisiones sobre el destino de sus propios recursos\u2014 se repiti\u00f3 este lunes 31 de agosto, cuando, a trav\u00e9s de una hoja informativa (fact sheet) de la Casa Blanca, la sociedad venezolana se enter\u00f3 de algunas otras condiciones de una operaci\u00f3n de semejante magnitud: entre ellas, que el convenio otorgaba concesiones por 100 a\u00f1os sobre 17 campos e inclu\u00eda la participaci\u00f3n directa del Gobierno estadounidense en la estructura empresarial involucrada en la operaci\u00f3n.<\/p>\n

A la fecha, todav\u00eda se desconocen aspectos esenciales del acuerdo, incluidos los instrumentos jur\u00eddicos que lo sustentan. Persisten, adem\u00e1s, lagunas y contradicciones en la informaci\u00f3n suministrada. Esa opacidad impide emitir una opini\u00f3n firme sobre la juridicidad, el contenido y el impacto de la operaci\u00f3n para Venezuela.<\/p>\n

Sin embargo, a partir de la informaci\u00f3n divulgada hasta ahora, reconocidos juristas venezolanos han expresado dudas y objeciones preliminares respecto a la conformidad de estos acuerdos con la Constituci\u00f3n y con la legislaci\u00f3n petrolera vigente en Venezuela.<\/p>\n

A la inexplicable falta de transparencia con la que se adelant\u00f3 una negociaci\u00f3n de tal magnitud y relevancia para el pa\u00eds, se suma el fuerte cuestionamiento a la legitimidad de las autoridades venezolanas que negociaron dichos compromisos.<\/p>\n

Juristas como la exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia Blanca Rosa M\u00e1rmol de Le\u00f3n sostienen que el periodo del interinato ya venci\u00f3 y que Delcy Rodr\u00edguez act\u00faa usurpando las funciones del presidente de la Rep\u00fablica. En consecuencia, seg\u00fan la exmagistrada, Rodr\u00edguez carece de autoridad para negociar como presidenta de Venezuela y los contratos que suscriba en tal condici\u00f3n son jur\u00eddicamente nulos y ser\u00edan desconocidos en un futuro.<\/p>\n

En la misma direcci\u00f3n, el constitucionalista Jos\u00e9 Ignacio Hern\u00e1ndez declar\u00f3 que "el actual Gobierno venezolano est\u00e1 integrado por autoridades interinas que no derivan de elecciones libres y justas. Un acuerdo petrolero de esta magnitud no deber\u00eda ser ejecutado por autoridades interinas o temporales, pues compromete a las generaciones futuras\u201d.<\/p>\n

Por su parte, el constitucionalista y profesor de la Universidad Metropolitana de Caracas Gustavo Manzo, coincide en advertir la fragilidad de las bases jur\u00eddicas del convenio y la posibilidad de que sean cuestionadas en el futuro. Aunque admite que Venezuela atraviesa una situaci\u00f3n de excepcionalidad pol\u00edtica, considera que a\u00fan bajo esas condiciones existen l\u00edmites claros al ejercicio del poder p\u00fablico. Comprometer una porci\u00f3n semejante de las reservas, sostiene, requiere "una cantidad de controles constitucionales\u201d; y a\u00f1ade que estos acuerdos deben pasar por "un estricto control de la soberan\u00eda del Estado e incluso de la sociedad\u201d.<\/p>\n

La hoja informativa de la Casa Blanca permite identificar al menos dos niveles de la operaci\u00f3n: por una parte, las autoridades venezolanas otorgaron derechos sobre 17 campos petroleros a la empresa privada North American Blue Energy Partners (NABEP); por otra, el Gobierno estadounidense tomar\u00e1 una participaci\u00f3n accionaria en NABEP, as\u00ed como facultades de control y derechos preferentes sobre su producci\u00f3n.<\/p>\n

A esta estructura se suma un tercer nivel: un Convenio Energ\u00e9tico Binacional entre Venezuela y Estados Unidos, que fue respaldado por la Asamblea Nacional oficialista en su sesi\u00f3n del 1 de septiembre. Durante la sesi\u00f3n, y ante el reclamo de algunos diputados que ped\u00edan conocer el texto del acuerdo, Jorge Rodr\u00edguez se\u00f1al\u00f3 que, una vez suscrito, el convenio ser\u00eda presentado ante el Parlamento, aunque no aclar\u00f3 cu\u00e1l ser\u00eda el objeto de esa presentaci\u00f3n.<\/p>\n

Es precisamente la naturaleza jur\u00eddica de este instrumento la que plantea el principal interrogante constitucional. Si ese Convenio Energ\u00e9tico Binacional genera obligaciones jur\u00eddicas para Venezuela y constituye un contrato de inter\u00e9s p\u00fablico nacional con un Estado extranjero, el art\u00edculo 150 de la Constituci\u00f3n exige su aprobaci\u00f3n por parte de la Asamblea Nacional. En caso de ser un tratado internacional, el art\u00edculo 154 establece tambi\u00e9n, como regla, su aprobaci\u00f3n parlamentaria antes de la ratificaci\u00f3n (aunque se contemplan algunas excepciones).<\/p>\n

Dolores Dobarro, quien fue consultora jur\u00eddica de la OPEP, considera que, cualquiera que sea la denominaci\u00f3n utilizada, un verdadero acuerdo entre los dos Gobiernos deber\u00eda ser sometido al Parlamento: "Yo no lo pongo como contrato de inter\u00e9s p\u00fablico; lo pondr\u00eda m\u00e1s bien a nivel de acuerdo entre Gobiernos\u2026 y s\u00ed deber\u00eda ir a la Asamblea, aun cuando existe la interpretaci\u00f3n de que esto no es un tratado, sino simple acuerdo\u201d.<\/p>\n

Dobarro recuerda que en Venezuela ha prevalecido hist\u00f3ricamente la consideraci\u00f3n de que los acuerdos petroleros son de inter\u00e9s p\u00fablico, particularmente "cuando se le dan los derechos de explotaci\u00f3n, de exploraci\u00f3n, los derechos para realizar actividades petroleras a un tercero que no es la empresa del Estado\u201d.<\/p>\n

Por otra parte, est\u00e1 la interrogante planteada por Hern\u00e1ndez sobre el grado de control que asumir\u00eda el Gobierno estadounidense sobre la operaci\u00f3n. La Casa Blanca afirma que tendr\u00e1 una participaci\u00f3n del 35 por ciento en la estructura empresarial de NABEP, derecho de veto y derechos preferentes sobre la producci\u00f3n. Para Hern\u00e1ndez, esa concentraci\u00f3n podr\u00eda configurar una suerte de "administraci\u00f3n petrolera paralela\u201d que plantea dudas respecto a su compatibilidad con el r\u00e9gimen constitucional venezolano en materia de hidrocarburos.<\/p>\n

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La reforma de la Ley Org\u00e1nica de Hidrocarburos del 29 de enero de 2026, aprobada por la Asamblea Nacional controlada por el oficialismo, flexibiliz\u00f3 considerablemente las condiciones para la participaci\u00f3n privada en la industria petrolera y redujo o elimin\u00f3 varios de los controles existentes. A la luz del convenio bilateral anunciado, resulta hoy m\u00e1s claro el sentido de esa reforma.<\/p>\n

Sin embargo, destaca Dobarro, la reforma mantuvo algunos controles. Uno de ellos se refiere al proceso de selecci\u00f3n de las empresas: la ley promueve la concurrencia de ofertas y solo permite la escogencia directa de las operadoras por razones de inter\u00e9s p\u00fablico o circunstancias especiales, previa aprobaci\u00f3n del Consejo de Ministros. En el caso de NABEP, la experta considera que existen dudas sobre el cumplimiento de estos requisitos legales: se trata de la asignaci\u00f3n de "17 campos, 65.000 millones de barriles de reserva a una sola empresa, sin licitaci\u00f3n, sin proceso de selecci\u00f3n".<\/p>\n

Otro aspecto legal sobre el que existen dudas se refiere a la afirmaci\u00f3n de la Casa Blanca de que fueron otorgadas "concesiones" por 100 a\u00f1os sobre 17 campos petroleros. A este respecto, Jos\u00e9 Ignacio Hern\u00e1ndez advierte que la legislaci\u00f3n venezolana no contempla actualmente la figura de las concesiones petroleras y sostiene, adem\u00e1s, que los Contratos de Participaci\u00f3n Productiva (CPP) est\u00e1n limitados a 25 a\u00f1os.<\/p>\n

En los a\u00f1os noventa, bajo un Gobierno democr\u00e1tico, Venezuela impuls\u00f3 de manera soberana la apertura de su industria petrolera. Fue un proceso transparente y competitivo que involucr\u00f3 38.000 millones de barriles de reservas, distribuidos entre 32 convenios operativos y cuatro asociaciones estrat\u00e9gicas, con la participaci\u00f3n de 50 empresas de 15 pa\u00edses.<\/p>\n

Tres d\u00e9cadas m\u00e1s tarde, un r\u00e9gimen tutelado \u2014con autoridades cuya legitimidad est\u00e1 fuertemente cuestionada\u2014 compromete desde la opacidad 65.000 millones de barriles de reservas venezolanas. La entrega favorece a una sola empresa estrechamente vinculada al Gobierno de un pa\u00eds extranjero, mediante una operaci\u00f3n que a la fecha plantea relevantes interrogantes legales y constitucionales. Ante este panorama, sobran razones que justifiquen la preocupaci\u00f3n de los venezolanos.<\/p>\n

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Fuente: Deutsche Welle<\/p>\n

Fuente: lavoz<\/a><\/em><\/p>\n

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