A cierre de 2025, 975.500 trabajadores públicos se encontraban en una situación de inestabilidad laboral por las altas cotas de temporalidad que registra el sector público en España. En los últimos cuatro meses de 2025, temporalidad de estos empleados se encontraba en el 26,8%, más del doble de la registrada en el sector privado, y casi 20 puntos –18,8 concretamente– más de lo que permite la Comisión Europea, que la limita al 8%. Por las multas que puede asumir el país si no se reducen los contratos temporales en el sector público, urge tomar medidas para acelerar las contrataciones indefinidas y acortar procesos de selección a un año.
Actualmente, en el sector público hay procedimientos que se llegan a prolongar hasta tres años, que es el tiempo que pasa desde que se convocan las plazas hasta que un aspirante logra hacerse con ella. Esta demora acentúa aún más la temporalidad en el sector público, por lo que los sindicatos están trabajando junto al Ministerio de Función Pública para reducir los tiempos de contratación, tal y como se acordó en el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI 2026-2028.
Para atajar este problema, es clave contar con Ofertas de Empleo Público que tengan en cuenta la estabilización de estos efectivos y, para ello, es clave eliminar la tasa de reposición –indicador que se utiliza para limitar las contrataciones en función de las bajas–. Ante esto, la secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, señala que la supresión de esta tasa es uno de los objetivos del acuerdo, "pero no se puede hacer de facto porque la administración pública colapsaría jurídicamente". Por ello, puntualiza que el objetivo es crear un proceso complementario a través del que se decidirán las plazas que se convocan cada año. A pesar de ello, señala que la Administración General del Estado "no tiene apenas temporalidad", señalando a las comunidades autónomas y ayuntamientos como los principales causantes de la inestabilidad laboral en el sector público.
En este sentido, Araque pone el foco en reestructuración de los departamentos de recursos humanos, que se incluye en un apartado del Acuerdo Marco. En él, se recomienda que los reclutadores tomen medidas de planificación en las que se incluyan las necesidades estructurales y previsiones de jubilaciones anticipadas parciales con el objetivo de renovar las plantillas públicas y adecuarlas a las necesidades de las Administraciones Públicas y de los ciudadanos.
Además, el acuerdo recoge un apartado específico para agilizar los procesos de selección. En él, tanto las organizaciones sindicales firmantes (UGT, Csif y CCOO) como el Ejecutivo se comprometen a reducir los plazos máximos para el desarrollo de los procedimientos selectivos que permitan la incorporación del personal en el menor tiempo siempre y cuando se cumpla con los principios de transparencia y objetividad. Para ello, se recomienda publicar los calendarios de desarrollo de los procesos selectivos para aportar seguridad y dotar de una mayor previsión a los aspirantes para las vacantes ofertadas.
Por las múltiples medidas que incluye el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, Araque lo califica de "virtuoso" y, además, señala que va a tener una extensión dentro de las diferentes administraciones públicas y los efectos de su aplicación –si se lleva a cabo– se percibirán en los próximos diez años.
Fuente: El Economista
