Esta semana, en concreto el jueves día 26, el Pleno del Congreso debatirá y votará la convalidación de cuatro reales decretos. Dos de ellos se someten por primera vez a la decisión de la Cámara Baja: las ayudas a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gélida y la accesibilidad equitativa a bienes y servicios en situaciones de emergencia o los topes de precios en las mismas. Los otros dos, la revalorización de las pensiones para 2026 y la prórroga de los desahucios para personas vulnerables o escudo social, se votarán por segunda vez.
Un hecho cierto es que en esa jornada el Gobierno va a sufrir la primera gran derrota parlamentaria del año con el rechazo del real decreto de la moratoria antidesahucios y otras prórrogas de medidas fiscales.
Ya ha habido más votaciones contrarias a las iniciativas del Ejecutivo en los Plenos celebrados en este 2026 (uno de ellos extraordinario y el resto ordinarios). Pero el rechazo al escudo social es importante porque se trata de un real decreto ley para el que ya no habrá más oportunidades. No será devuelto al Gobierno, como ocurrió en enero al presentar el decreto ómnibus, sino definitivamente refutado.
La posición contraria de Junts hacia la moratoria de los desahucios para personas vulnerables no ha cambiado a pesar de los cambios. Ni la separación de la actualización de las pensiones ni las concesiones para con los propietarios pequeños han hecho mella en la voluntad de la formación catalana. Para esta, prorrogar la moratoria antidesahucios es una forma de "proteger la okupación" de viviendas y atentar contra la propiedad. Junts quiere, ante todo, que se aprueben sus medidas contra la okupación presentadas en el Congreso hace dos años.
El voto desfavorable de PP, Vox y UPN hará el resto. Lo cual significa que ninguna de las otras medidas contenidas en este real decreto mini ómnibus entrará en vigor. Por tanto, decisiones como la nueva exención en el IRPF para las indemnizaciones por daños personales por los incendios forestales del pasado verano, la prórroga de ayudas directas para la reconstrucción de municipios afectados por la Dana a las que se añaden las exenciones en el IRPF y Sociedades que se aplican a profesionales y empresas dañados o la de los límites para la aplicación del método de estimación objetiva del IRPF de los autónomos y a los regímenes simplificado y especial de la agricultura, ganadería y pesca del IVA, entre otras, tendrán que plasmarse en otro real decreto-ley si el Gobierno quiere luchar por ellas. Volverán así a tramitarse de nuevo: Consejo de Ministros y vuelta al Congreso.
Otro de los reales decretos que se presentan a la convalidación es el que permitirá al Gobierno limitar los precios de bienes y servicios en situaciones de emergencia. Esta iniciativa, aprobada a principios de este mes por el Consejo de Ministros, tuvo su origen en los abusos observados tras el accidente ferroviario del pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba). Algunos empresas aumentaron los precios de billetes o de servicios para los trayectos afectados por el suceso hasta un 200%.
La suerte de este norma, promovida por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, está en el aire. Hay acuerdo en poner coto a los abusos comerciales pero también un profundo desacuerdo con el intervencionismo que el decreto otorga al Gobierno por parte de PP, Vox y Junts. Con toda probabilidad, será devuelta al Ejecutivo.
El Pleno del 26 de febrero resultará favorable para el Gobierno en dos de los cuatro reales decretos-ley que se votarán. El que revaloriza las pensiones para 2026 será aprobado claramente. PP y Junts ya dejaron claro cuando se presentó el decreto ómnibus el pasado 27 de enero en un Pleno extraordinario que "pensiones sí, okupación no".
De esta manera, la subida de las pensiones será un hecho legal a todos los efectos. Las pensiones de la Seguridad Social, en su modalidad contributiva, y las pensiones ordinarias y extraordinarias del Régimen Especial de Clases Pasivas del Estado se revalorizarán con carácter general un 2,7% para 2026. Las mínimas subirán más del 7%. Las pensiones con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares aumentarán un 11,4%, al igual que las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital.
En realidad, estos aumentos ya se han reflejado en las nóminas de los pensionistas de enero y en las órdenes de pago de las de febrero. Pero la convalidación del real decreto pondrá fin a los temores del colectivo y a la polémica política sobre la materia. En caso de no haber sido convalidado, los pensionistas no habrían tenido que devolver lo cobrado de más.
El segundo real decreto que contará con el apoyo del Congreso será el de las ayudas a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gélida (Barcelona). Los grupos no va a oponerse a convalidar estas ayudas. Tampoco es probable que se devuelva al Gobierno para que lo modifique y lo vuelva a aprobar en Consejo de Ministros ya que ello supondría un retraso en la llegada de las ayudas.
Fuente: El Economista
