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El presidente de Colombia, Iván Duque, ordenó este lunes el despliegue de la fuerza pública para desbloquear diversas carreteras del país. El anuncio se produce luego de que el Gobierno recibiera críticas de organismos internacionales por denuncias de abusos policiales y violaciones de derechos humanos. Sin embargo, la orden también surge después de 19 días de protestas y bloqueos en las vías que han ocasionado desabastecimientos de alimentos y combustible en algunas ciudades. La Administración Duque y el Comité Nacional del Paro intentan negociar una salida a la crisis.
El presidente de Colombia, Iván Duque, ordenó el despliegue de la fuerza pública para desbloquear vías interestatales. En una alocución este lunes el mandatario aseguró que la acción permitirá retomar el abastecimiento de alimentos y combustible en las ciudades afectadas.
“En nuestro país existe el fundamento constitucional para la protesta pacífica, la cual siempre se garantiza y es el deber del estado permitir su desarrollo, pero hemos visto bloqueos en carreteras que han afectado a millones de ciudadanos, hemos visto la afectación a millones en su movilidad y la afectación que han traído para la circulación de alimentos, este tipo de prácticas son ilegales y están censuradas en el código penal del país. Por lo tanto, hemos trabajado con todos los niveles de Gobierno y además hemos estado colaborando con ellos para avanzar en desbloqueos y permitir la normalidad”, dijo Duque.
La orden se produce en un momento álgido en el país por las denuncias de abusos policiales y violaciones a los derechos humanos contra los manifestantes, que han sido fuertemente condenados por organismos internacionales, como la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea (UE). Entre las denuncias están asesinatos, casos de tortura, desapariciones y agresiones sexuales.
Este lunes, el jefe de Estado enfatizó en que los desbloqueos se harán respetando los derechos humanos. No obstante, expresó que detrás de los bloqueos hay presuntos intereses criminales para sabotear la economía. “Esa conducta se rechaza categóricamente. Tenemos claro que en nuestro país los derechos de todos deben ser protegidos. Por lo tanto, hemos dado instrucciones a la fuerza pública para que desplieguen su capacidad de operación para que dentro de la protección de la ciudadanía les permitan a todos los ciudadanos recuperar la movilidad”, señaló.
Colombia cumple este martes 21 días consecutivos de manifestaciones contra el Gobierno, inicialmente convocadas en rechazo al proyecto de reforma tributaria, que ya fue retirado, pero las protestas se extienden a otras demandas. Entre ellas, revocar el plan de reforma a la salud, cambios en la fuerza pública que incluyen el desmantelamiento del Esmad, el Escuadrón Móvil Antidisturbios, acusado de reprimir a quienes protestan, el cumplimiento integral de los acuerdos de paz de 2016 y medidas para resarcir décadas de desigualdad y pobreza, entre otras.
En algunas carreteras interestatales, decenas de camioneros también se han manifestado para reclamar la reducción de peajes y una disminución al costo del combustible, que afectan sus ingresos.
Las demandas de los manifestantes siguen sin ser respondidas con acciones concretas por parte del Gobierno, mientras los bloqueos han ocasionado escasez de productos básicos de la canasta familiar y de combustible en algunas ciudades. Además, se siguen presentando hechos violentos.
Se extiende la violencia
El domingo, al menos una persona murió y 15 resultaron heridas durante enfrentamientos entre la Policía y los manifestantes, en el municipio de Yumbo, cerca de Cali, una de las ciudades que se ha llevado la peor parte de la violencia en medio de cercos impuestos al interior y a las afueras de la urbe.
«Hay personas en una situación compleja de salud y otras que se vieron afectadas por los gases lacrimógenos por la situación que se provocó en esa confrontación», indicó el alcalde de Yumbo, Jhon Jairo Santamaría.
Según el funcionario, los disturbios comenzaron cuando algunas personas trataron de “vandalizar” un Comando de Atención Inmediata de la Policía (CAI). Algunos usuarios en redes sociales lo denunciaron como un caso de respuesta excesiva por parte de las autoridades.
Las protestas, que se iniciaron el pasado 28 de abril, dejan al menos 42 personas muertas, según la Defensoría del Pueblo, hasta el pasado 11 de mayo. Aunque la ONG Temblores contabiliza 47 fallecidos, de los cuales 39 habrían muerto a manos de la fuerza pública.
Negociación entre el Comité Nacional del Paro y el Gobierno
El Comité Nacional del Paro, conglomerado clave en las protestas antigubernamentales, inició el domingo conversaciones con el Gobierno colombiano, en un intento de las dos partes por salir de la crisis.
Sin embargo, hasta ahora no ha habido resultados y las negociaciones siguen siendo complicadas. En el primer encuentro, la organización dejó claro que el único asunto a tratar era el de las «garantías y prerrequisitos para que permitan detener la violencia estatal y paraestatal contra quienes venimos protestando». Y luego avanzar con las siguientes demandas.
Entre las exigencias del Comité están la renta básica de por lo menos un salario mínimo legal mensual, defensa de la producción nacional, subsidios a las micro, pequeñas y medianas empresas, matrícula cero para los estudiantes universitarios más pobres y el fortalecimiento de una vacunación masiva, asunto que no parece fácil de solucionar debido a que el Gobierno depende de las entregas que le hagan las farmacéuticas con las que negoció la adquisición de los antídotos.
El Ejecutivo, por su parte, pone sobre la mesa de negociación asuntos como la vacunación masiva, reactivación segura, fin de la violencia, protección a los más vulnerables, estabilización de las finanzas públicas y matrícula cero para los universitarios.
Además, el Ejecutivo pide que los manifestantes cesen los bloqueos en las carreteras que asegura golpean aún más la economía ya afectada por la pandemia del Covid-19.
Las autoridades estiman pérdidas económicas de al menos de 1.763 millones de dólares.
