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Un grupo de diputados depuestos del partido de Aung San Suu Kyi entregarán a la ONU decenas de miles de pruebas que demuestran las violaciones de los derechos humanos «a gran escala» en Myanmar, mientras el líder de la junta militar prometió resolver la crisis «democráticamente».
Casi 600 civiles, incluidos unos 50 niños y adolescentes, murieron víctimas de la represión desde el golpe de Estado del 1 de febrero, que derrocó al gobierno civil de Suu Kyi, según la Asociación de Asistencia a Presos Políticos (AAPP).
Desde el golpe militar, unas 2.700 personas han sido detenidas, y muchas de ellas, de las cuales sus familias y abogados no tienen noticias, están desaparecidas.
«Nuestro comité ha recibido 180.000 elementos (…) que muestran violaciones a gran escala de los derechos humanos por parte de los militares», afirman los diputados del Comité para la Representación de la Pyidaungsu Hluttaw (CRPH, por sus siglas en inglés), el nombre del Parlamento birmano.
Las denuncias incluyen ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones ilegales.
Las pruebas se remitirán al mecanismo de investigación independiente sobre Myanmar de la ONU, añadió el CRPH, formado por diputados destituidos de la Liga Nacional para la Democracia (LND) de Aung San Suu Kyi, que entraron en la clandestinidad.
Este 7 de abril se celebró una reunión a este respecto, tuiteó el doctor Sasa, el enviado especial del CRPH a las Naciones Unidas.
Min Aung Hlaing dice que resolverá la crisis «de forma democrática»
El principal experto independiente con mandato de la ONU, Tom Andrews, ya había denunciado probables «crímenes contra la humanidad» a mediados de marzo.
El jefe de la junta, Min Aung Hlaing, aseguró por su parte que resolverá la crisis «de forma democrática», según declaraciones recogidas el miércoles por el diario ‘Global New Light of Myanmar’, controlado por el Estado.
El movimiento de desobediencia civil, con decenas de miles de trabajadores en huelga contra el régimen militar, «pretende destruir el país (…) paralizando el funcionamiento de hospitales, escuelas, carreteras, oficinas y fábricas», asegura.
El general contabilizó solo 248 bajas entre los manifestantes desde el golpe y dijo que 16 soldados habían muerto y 260 habían resultado heridos.
Pero las fuerzas de seguridad continúan su sangrienta represión.
Al menos tres personas murieron por disparos y varias resultaron heridas el miércoles en la ciudad de Kalay (noroeste) cuando el ejército disparó contra los manifestantes que se escondían tras barricadas improvisadas.
Los militares «utilizaron lanzacohetes y podría haber otras víctimas», dijo a la AFP un miembro de la asociación Women For Justice, que no quiso identificarse por temor a represalias.
El acceso a Internet sigue cortado para la mayoría de la población ya que la junta ha ordenado la suspensión de los datos móviles y las conexiones inalámbricas.
Un centenar de personalidades -cantantes, modelos, periodistas- tienen órdenes de detención por difundir información que podría provocar motines en las fuerzas armadas.
«Cuando no encuentra a las personas que busca, el Ejército toma como rehenes a sus familiares», dijo la AAPP. «Muchas personas son asesinadas durante los interrogatorios», añadió la oenegé.
A pesar de la violencia, la movilización prodemocrática no se debilita.
En Mandalay, la segunda ciudad más grande del país, los huelguistas salieron a la calle el miércoles, algunos haciendo el saludo de tres dedos como señal de resistencia, según imágenes publicadas en las redes sociales.
Y una docena de facciones étnicas armadas han apoyado el movimiento prodemocrático.
Pero los generales hacen oídos sordos a las condenas y se aprovechan de las divisiones de la comunidad internacional.
