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El Departamento de Justicia estadounidense aseguró que Murillo, quien se desempeñó como ministro de Gobierno bajo la presidencia interina de Jeanine Áñez, participó de una supuesta trama de sobornos a cambio de contratos con el Ministerio de Defensa boliviano. El exjefe de Gabinete de Murillo, Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal, y tres estadounidenses también fueron detenidos por la causa, que además involucra a un tercer funcionario boliviano anónimo.
Estados Unidos investiga una posible trama de sobornos que involucra a exfuncionarios del Gobierno interino de Jeanine Áñez en Bolivia y a ciudadanos estadounidenses que intentaron hacer negocios con el Ejecutivo.
El exministro de Gobierno Arturo Carlos Murillo Prijic, su exjefe de Gabinete, Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal, y los estadounidenses Luis Berkman, Bryan Berkman y Philip Lichtenfeld fueron arrestados a fines de la semana pasada en Florida y Georgia.
De acuerdo a las autoridades estadounidenses, los tres norteamericanos habrían pagado 602.000 dólares en sobornos en beneficio de Murillo, Méndez y de otro exfuncionario boliviano no identificado a cambio de asegurar un contrato de 5,6 millones de dólares para la entrega de gas lacrimógeno y «otros equipos no letales» al Ministerio de Defensa de Bolivia. Según la investigación, estos episodios ocurrieron entre noviembre de 2019 y abril de 2020.
Los dos Berkman y Lichtenfeld habrían lavado los pagos a los funcionarios bolivianos a través de cuentas bancarias en Florida y Bolivia y habrían organizado pagos en efectivo de 582.000 dólares a Murillo y Méndez.
Una fuente del Departamento de Justicia estadounidense indicó que Murillo y Méndez fueron detenidos por las autoridades del país, mientras que los Berkman y Lichtenfeld fueron liberados bajo fianza.
Los acusados enfrentan cargos de soborno y conspiración para cometer lavado de dinero y podrían sufrir penas de hasta 20 años de prisión.
Murillo fue uno de los hombres de perfil más alto durante la presidencia interina de Jeanine Áñez, quien asumió a finales de 2019 tras la renuncia forzada de Evo Morales. Desde su cartera, Murillo jugó un papel central en perseguir a Morales y otros integrantes de su partido bajo cargos de sedición y terrorismo, a la vez que fue criticado por su rol en las violenta represión policial y militar a las protestas posteriores a la salida de Morales, en las que murieron decenas de personas.
Bolivia solicitará a Estados Unidos la extradición de los exfuncionarios
El Gobierno de Bolivia informó que va a pedir a Estados Unidos la extradición de Murillo y Méndez para que sean enjuiciados en el país.
El actual ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, anticipó que pedirá la activación del sello azul contra ambos exfuncionarios y que enviarán notas al Ejecutivo estadounidense para su extradición.
«Nuestra jurisdicción nos permite realizar este proceso en territorio boliviano. Es por eso que queremos que se juzgue a estos bolivianos en territorio nacional, queremos que estas personas rindan cuentas», expresó Del Castillo.
Murillo enfrenta una orden de detención en Bolivia por el supuesto sobreprecio en la adquisición de material antidisturbios durante el Gobierno transitorio de Jeanine Áñez.
En su comparecencia, Del Castillo exhibió fotografías para mostrar los supuestos vínculos de Murillo y Méndez, a los que acusó de integrar un «clan mafioso» de Áñez, junto al exministro de Defensa, Fernando López.
El ministro de Gobierno explicó que el Gobierno interino pagó 5,7 millones de dólares por la compra de gases lacrimógenos, pero que a la empresa brasileña Cóndor se pagó 3,3 millones por su adquisición -proceso en el que también intervino la intermediaria Bravo Tactical Solutions-, por lo que existe un daño económico al Estado de 2,3 millones de dólares.
«De estos 2,3 millones de dólares, 582.000 fue para Rodrigo Méndez y el resto fue dividido para el clan de mafiosos», sostuvo el ministro, quien subrayó que se hará todo lo posible para que el país recupere la supuesta suma de dinero extraviada.
Por este caso, las autoridades bolivianas, además, detuvieron a un exintegrante del equipo de seguridad de Murillo en La Paz y al cuñado de Murillo, cuando retiraba dinero de una caja de seguridad de un banco en Cochabamba, posiblemente involucrado con la trama en cuestión.
El exministro López confía en la investigación estadounidense, políticos bolivianos reciben con agrado las detenciones de Murillo y Méndez
Por su parte, el exministro de Defensa Fernando López -sobre quien también pesa una orden de aprehensión en Bolivia por el caso- aseguró a través de su cuenta de Twitter que desde su «forzado e injusto exilio» ve en la investigación del FBI una «luz de esperanza y justicia para llegar a la verdad».
Tanto López como Murillo abandonaron Bolivia luego de la asunción del presidente Luis Arce, del partido del exmandatario Evo Morales.
Por otro lado, varios representantes políticos bolivianos expresaron su apoyo a la decisión adoptada por Estados Unidos. A través de Twitter, el expresidente Jorge Quiroga indicó que «todos los integrantes de esta pandilla deberán cumplir las condenas que les aplique la justicia en Estados Unidos» y que después deben ser enviados a Bolivia «purgar su delitos». «Han manchado la imagen nacional y robado nuestro futuro», manifestó.
El senador del Movimiento al Socialismo (MAS) Leonardo Loza señaló a través de sus redes sociales que aquellos que «dañaron» al país con «hechos de corrupción, masacres y compras con sobreprecio deben rendir cuentas a la justicia».
En la misma línea, el diputado oficialista Vicente Condori se sumó al pedido de extradición de los exfuncionarios porque deben «rendir cuentas» en el país, mientras que el jefe de la bancada del MAS en el Senado, Luis Adolfo Flores, consideró la decisión estadounidense como una «llamada de atención» para que la justicia boliviana avance en las causas contra Murillo.
Estas posturas coinciden con la del Gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, quien había asegurado el martes que el Gobierno de Luis Arce tiene que hacer todo lo posible para «extraditar a todos los implicados en este caso de corrupción».
