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Una crisis política inédita desde el fin de la guerra civil en 1992 es lo que asoma en El Salvador, luego que el oficialismo tomara el control de la Asamblea Legislativa el pasado primero de mayo y como primera acción decidiera destituir y reemplazar a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al Fiscal General de la República.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, consolidó su poder tras la contundente victoria electoral el 28 de febrero que le permitió obtener a su partido Nuevas Ideas 56 diputaciones, un número clave para ejercer la mayoría calificada dentro del Congreso.
Es así que, en concordancia con señalamientos hechos por el mandatario, la nueva bancada oficialista justificó la suspensión de los cinco magistrados y sus suplentes, cuatro de los cuales fueron electos para el periodo 2018-2027, al hecho de que “con sus pronunciamientos y con sus sentencias arbitrarias” generaron “un fraude a la Constitución”.
Durante la emergencia por Covid-19 en 2020, los jueces del Tribunal Constitucional tuvieron encontronazos con la administración Bukele, debido a resoluciones que declaraban la inconstitucionalidad de Decretos Ejecutivos emitidos por la presidencia, por considerar que algunas de esas medidas vulneraban derechos fundamentales de la ciudadanía. La Fiscalía, por su parte, tenía en curso investigaciones por corrupción que involucraban a varios funcionarios de alto nivel del Ejecutivo.
La destitución de los funcionarios generó una pronta reacción de parte de diversas instancias nacionales e internacionales, las cuales señalaron los hechos como un intento de concentrar el poder y suprimir el control de los otros órganos del Estado. En un comunicado publicado el pasado 2 de mayo, la OEA rechazó las acciones del Poder Ejecutivo que guiaron las decisiones del Congreso y advirtió que “cuando las mayorías eliminan los sistemas de pesos y contrapesos en el marco institucional están alterando la esencia del funcionamiento de este”.
Asimismo, Amnistía Internacional alertó que «los derechos humanos están en peligro» y subrayó que «la independencia judicial es un elemento fundamental en cualquier Estado que se dice respetar los derechos humanos”, por lo que “al atacarla, la Asamblea Legislativa (de El Salvador) le muestra al mundo su desprecio a estos derechos, incluyendo el acceso a la justicia».
Por su parte, el secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, publicó en su cuenta de Twitter que conversó con el presidente Bukele para expresarle su «profunda preocupación» por las acciones del Congreso salvadoreño, dejando en claro que «la gobernabilidad democrática requiere respetar la separación de poderes».
En esa línea, el portavoz de la Comisión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Peter Stano, manifestó que los reemplazos de los funcionarios judiciales “socavan el Estado de Derecho y el principio de separación de poderes”.
En respuesta a los diversos pronunciamientos, el presidente Nayib Bukele reiteró su intención de seguir trabajando con la comunidad internacional, no obstante, les pidió mantenerse al margen. «Estamos limpiando nuestra casa y eso no es de su incumbencia», publicó el mandatario en su cuenta de Twitter.
Mientras tanto, en El Salvador, analistas y defensores de derechos humanos también señalan que, con la destitución de los juristas, el país se queda sin contrapesos para controlar las acciones del Gobierno y del parlamento. “Se ha dado un golpe a la ya débil institucionalidad democrática en la que se sostenía también una débil estabilidad desde los Acuerdos de Paz”, criticó la salvadoreña Celia Medrano, candidata a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Los señalamientos de Medrano concurren con los del abogado constitucionalista, Manuel Escalante, quien indicó a France 24 que “las destituciones fueron inconstitucionales al realizarse sin causas específicas, se irrespetó el debido proceso y el derecho de defensa de los funcionarios”. Los reemplazos también los considera inconstitucionales pues “se realizaron sin ningún tipo de escrutinio parlamentario ni público”.
Escalante es contundente en señalar que lo que se está viviendo es “un golpe de Estado blando”, tras alterarse el ejercicio del poder político y transgredir la independencia de un Órgano de Estado. Además, enfatizó en la alarmante presencia armada de la Policía en las instalaciones del poder Judicial para asegurar que las destituciones y reemplazos se impusieran durante el desarrollo de la misma sesión legislativa en la madrugada del 2 de mayo.
La destitución de los magistrados fue rechazada por la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, los magistrados y el fiscal designados por el oficialismo han tomado posesión de sus cargos con el respaldo de las fuerzas policiales, mientras que la mayoría de los funcionarios que ostentaban los cargos hasta el pasado viernes han renunciado de forma irrevocable, en medio de denuncias de acoso policial y amenazas por parte de empleados del Órgano Judicial.
Pese a los cuestionamientos y llamados a revertir esta decisión, el actual presidente legislativo, Ernesto Castro, justifica las acciones realizadas por ese Órgano de Estado, dejando entrever que no consideran dar paso atrás. “Hemos iniciado la transformación real de nuestro país. Los salvadoreños nos pidieron que refundemos la Asamblea, que reconstruyamos el país, que luchemos contra el sistema injusto”, afirmó en sus redes sociales.
Dicha refundación es vista por los analistas entrevistados como la materialización del temor que existía tras los resultados electorales: que el respaldo popular fuera utilizado para concentrar el poder en el Ejecutivo. Así lo describe Medrano, quien además asevera que “se ha ejercido un poder del que se dispone sin medir consecuencias y sin preocuparse en fundamentar lo actuado. Queda concentración y control total de las instancias estatales en la figura presidencial”.
Para Escalante, esta coyuntura constituye un retroceso, debido a que aleja al país “de los estándares internacionales de derechos humanos y democracia”. Al consultarle sobre un posible desenlace, es contundente en señalar que “es evidente que distintas voces se levanten por la preocupación que esta situación supone”. Medrano, por su parte, asegura que al país le esperan “años de resistencia y nuevas luchas”. “Se enfrentarán escenarios que creímos habíamos dejado atrás. Sera aún peor de lo sucedido hasta ahora. La violencia política cada vez se impondrá más contra cualquier voz crítica u opositora”, augura.
