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En El Salvador ha surgido una nueva crisis política después de que el pasado sábado la Asamblea Legislativa decidiera destituir a cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), así como a sus suplentes y al fiscal general, Raúl Melara. Una medida impulsada por el oficialismo y apoyada por el presidente, Nayib Bukele, que ha sido declarada inconstitucional por la propia institución judicial.
El enredo legal es mayor, puesto que el Ejecutivo de Bukele y la Asamblea Legislativa -que tomó posesión esta misma semana– ya han votado a cinco nuevos abogados que han juramentado como nuevos magistrados constitucionales. La Sala de lo Constitucional ha indicado que estas decisiones atentan contra la forma de gobierno republicano que señala la Carta Magna.
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Estados Unidos ha criticado de manera firme esta medida, calificada de «golpe de Estado» por distintas organizaciones sociales y que pone en peligro los derechos humanos según Amnistía Internacional (AI).
Washington pide «un Poder Judicial independiente»
El secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, le ha manifestado a Bukele su «profunda preocupación» por la decisión de la Asamblea Legislativa de separar de sus cargos a los jueces y al fiscal general. Para Blinken, «un Poder Judicial independiente es esencial para la gobernabilidad democrática».
Blinken defiende «el compromiso de Estados Unidos para mejorar las condiciones en El Salvador», mediante el fortalecimiento de las instituciones democráticas, la separación de poderes y la defensa de una prensa libre.
Sin embargo, la salida del ejecutivo norteamericano de Donald Trump -a quien apoyaba Bukele, ha empeorado las relaciones diplomáticas, hasta el punto en el que el presidente salvadoreño renunció a recibir al enviado especial de Biden a principios de abril. Además, en sus redes sociales -donde es muy activo- Bukele le ha señalado a la comunidad internacional que «estamos limpiando la casa» y que «eso no es de su incumbencia», y envió un mensaje a los líderes políticos que critican su decisión.
«Los derechos humanos están en peligro»
Amnistía Internacional ha advertido este domingo que «los derechos humanos están en peligro». La directora para las Américas de AI, Erika Guevara Rosas, ha señalado en un comunicado que «este fin de semana el mundo atestiguó un intento más de las autoridades salvadoreñas de llevar al país a aquellos momentos de su historia donde los derechos humanos eran pisoteados cotidianamente».
Guevara defiende que «la independencia judicial es un elemento fundamental en cualquier Estado que se dice respetar los derechos humanos» y que «al atacarla, la Asamblea Legislativa le muestra al mundo su desprecio a estos derechos, incluyendo el acceso a la justicia».
«El presidente ha dejado claro que no permitirá el escrutinio internacional, al hacerlo olvida que el Estado salvadoreño es signatario de compromisos internacionales de derechos humanos que deben ser honrados», agregó.
Una nueva sala que no es reconocida
Más de una veintena de organizaciones sociales y gremios empresariales salvadoreños han denunciado la «usurpación» de la Sala de lo Constitucional. Según la abogada de la organización de derechos humanos Cristosal, Zaira Navas, los magistrados que se deben reconocer son los que la Asamblea Legislativa «pretendió destituir».
La legislación salvadoreña establece que los conflictos entre el Gobierno y Congreso deben ser resueltos por la Sala de lo Constitucional, pero ante la situación actual no está claro el camino. Una de las opciones que dan los abogados de las organizaciones es que el pleno de la Corte Suprema no reconozca a los cinco letrados nombrados la noche del sábado por la Asamblea.
El reconocido historiador salvadoreño Carlos Cañas Dinarte ha confesado a Efe que «esta situación es inédita» desde que el país retornó a la democracia en 1982 y entró en vigencia la Constitución de 1983. «Lo que se esperaría en estos momentos es que haya un rechazo tajante de las entidades de la sociedad civil organizada, así como de la comunidad internacional. El Salvador no es un ente aislado», sostuvo.
Un magistrado ha renunciado
Este domingo, el magistrado Aldo Cáder ha presentado su renuncia «irrevocable» al cargo tras la decisión de la Asamblea Legislativa de destituirlo y la emisión de un fallo que declaró nula dicha acción.
La decisión la ha dado a conocer en su cuenta de Twitter y ha señalado que todos los fallos constitucionales que ha acompañado se han dado conforme a su criterio jurídico «en respeto a la Constitución».
