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Luego de escuchar rumores de que a las familias centroamericanas con hijos pequeños les estaban permitiendo ingresar a Estados Unidos, Irma Paz se fue de Honduras con su esposo y dos hijos e inició un recorrido de dos meses hasta las márgenes del río Bravo.
Cruzaron sus frías aguas y se entregaron a las autoridades inmigratorias, que les permitieron permanecer en el país mientras procesan sus solicitudes de asilo.
“Pensé, ‘Gracias Señor.’ Nos habían dejado entrar”, relató mientras esperaba en una parada de autobuses en Brownsville con su hijo y su hija, de tres y cinco años. Pensaban ir a Oklahoma para quedarse con su suegro, llevando los documentos que debían presentar en su próxima audiencia con el servicio de inmigración.
Mientras tanto, en Reynosa, ciudad mexicana en la frontera con Estados Unidos, una mujer de El Salvador sollozaba tras ser expulsada con su hija de ocho años. Sus circunstancias eran casi idénticas a las de la familia Paz, pero la respuesta que recibieron de las autoridades fue totalmente opuesta, resultado de un misterioso nuevo sistema impuesto por el gobierno de Joe Biden que determina los destinos de los miles de migrantes con hijos que han llegado a la frontera en las últimas semanas.
Los criterios usados para admitir o rechazar a la gente son secretos. El secretario de seguridad nacional Alejandro Mayorkas solo dijo que se permite permanecer en el país y tramitar un posible asilo a personas que muestran “grandes vulnerabilidades”.
Ante esta falta de definiciones concretas, la gente llega a la frontera sin saber qué le pasará.
A Paz, el sistema le dio un pasaje a Tulsa y la oportunidad de reunirse con familiares. A Roxana Cardosa, en cambio, la dejó librada a su suerte en una violenta ciudad mexicana de la frontera, sin comida ni dinero, durmiendo en una plaza.
Las expulsiones son uno de los numerosos retos que enfrenta el nuevo gobierno en la frontera al tratar de preservar algunos de los aspectos disuasivos de las políticas de Donald Trump mientras adopta una actitud más tolerante hacia los migrantes más vulnerables. El tema puede incidir en los esfuerzos por hacer aprobar una nueva ley que despejaría el camino para que hasta 11 millones de inmigrantes que están en el país sin permiso adquieran la ciudadanía.
El sistema de asilo que impuso el gobierno de Trump en medio de la pandemia del coronavirus está siendo aplicado en forma desigual por parte del gobierno de Biden.
Más de siete de cada 10 encuentros en la frontera en febrero terminaron en expulsiones al amparo de poderes conocidos como “Título 42”, nombre que alude a una sección de una poco conocida ley de salud pública que invocó el gobierno de Trump hace un año.
Biden no ha anulado el Título 42 mientras elabora lo que promete será “un sistema de asilo humano”. Mexicanos, guatemaltecos, hondureños y salvadoreños son enviados de vuelta a México en dos horas generalmente, en tanto que los migrantes de otras nacionalidades permanecen en Estados Unidos hasta que se los llevan de vuelta a sus países en avión, sin posibilidades de pedir asilo.
A diferencia de lo que hacía Trump, el gobierno de Biden libera a la mayoría de los menores que viajan solos, entregándolos a parientes que viven en Estados Unidos y dándoles citas para audiencias futuras. En febrero llegaron casi 9,500 menores, un 60% más que en el mes previo.
Nueve de cada diez adultos pillados en febrero fueron expulsados al amparo del Título 42. Mayorkas dijo la semana pasada que Estados Unidos hace excepciones solo cuando un adulto “muestra vulnerabilidades graves”, sin entras en detalles acerca de lo que eso significa.
En lo que se refiere a familias enteras, seis de cada 10 fueron expulsadas en febrero. Otro elemento en juego, según Mayorkas, es que México a veces impide al retorno de familias. En febrero llegaron 19,200, más del doble que en el mes previo.
Limitaciones de espacio para detener a migrantes pueden incidir en quién es liberado y quién no en Estados Unidos, señaló Theresa Cardinal Brown, directora administrativa de la unidad de políticas inmigratorias y hacia los cruces fronterizos del Centro de Políticas Bipartidistas.
Al gobierno le sobran incentivos para guardar secreto en torno a su política de admisiones.
“Se sabe que cuando se dan a conocer las reglas, los migrantes deciden venir”, expresó Brown, un exfuncionario del Departamento de Seguridad Nacional.
Los migrantes parecen decididos a poner a prueba el sistema.
Unos 2,000 migrantes fueron vistos en la zona del río Bravo (Grande para los estadounidenses) el jueves, comparado con un máximo diario de 1,600 en el peor momento del gobierno de Trump, en mayo del 2019, de acuerdo con Brian Hastings, jefe de la unidad de la Patrulla Fronteriza de esa zona.
Las Caridades Católicas del valle del Río Bravo recibieron entre 150 y 200 integrantes de familias diarios que devolvían las autoridades estadounidenses la semana pasada, pero esa cifra fluctúa, indicó la directora ejecutiva del grupo, la monja Norma Pimentel. La Patrulla Fronteriza parece estar liberando familias con hijos de menos de seis años.
Una de esas familias fue liberada el domingo al atardecer en McAllen, Texas. Joel Lobo, de 30 años, tomó de la mano a su hija de cuatro años para cruzar una concurrida calle. Su esposa y su hija mayor se quedaron en Honduras. Su padre y su hermana, que viven en Virginia, les habían dicho que podían quedarse y solicitar asilo solo las personas con hijos pequeños.
Lobo partió dos semanas antes hacía Reynosa, diciendo que le escapaba a la pobreza. Cruzaron el río y caminaron por caminos de tierra antes de entregarse a la Patrulla Fronteriza. Durmieron en la tierra bajo un puente una noche estando bajo la custodia del gobierno.
“Ella todavía está molesta conmigo”, relató Lobo, mirando hacia su hija Fernanda. Agrega que la niña tuvo miedo y frío durante la travesía. “Fue todo muy arriesgado, un viaje bien largo. Pero ahora nos sentimos aliviados”.
El futuro no es nada halagador para las familias devueltas a México.
Cardosa, la salvadoreña de 25 años expulsada con su hija, esperaba en una plaza frente a un edificio del gobierno en Reynosa, México. El sábado las autoridades mexicanas la obligaron a retirarse a un parque vecino y esperar allí una posible cita judicial.
“No sé cuál es el próximo paso”, manifestó, mirando hacia otras decenas de migrantes.
Edrei Rodríguez, pastor bautista que frecuenta la zona donde los migrantes son dejados por las autoridades, dijo que algunas familias vienen con falsas esperanzas.
“Con el cambio de gobierno, escucharon que había muchas oportunidades aquí y decidieron venirse”, relató. “Se arriesgaron. Y no tienen un plan B”.
