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Las autoridades ahorcan a tres presos condenados por asesinatos múltiples, las primeras ejecuciones desde hace dos años
La puesta de largo para la celebración de los Juegos Olímpicos de Tokio, inicialmente previstos para 2020, y el comienzo de la pandemia del coronavirus a finales de 2019 pusieron un punto y aparte a la aplicación de la pena de muerte en Japón. Una vieja práctica que las autoridades niponas parecían entonces inclinadas a dejar de lado en medio de fuertes críticas de Occidente y de organizaciones de derechos humanos por tratarse de la única democracia industrializada, junto con Estados Unidos, en aplicar este castigo. Sin embargo, los dos años de suspense transcurridos hasta ahora llegaron este martes a su fin con el ahorcamiento de tres reclusos condenados por asesinatos múltiples.
Yasutaka Fujishiro, Tomoaki Takanezawa y Mitsunori Onogawa, de 65, 54 y 44 años, respectivamente, pasaron a engrosar la pasada madrugada la lista de ejecutados. El primero de ellos, según precisó el periódico local ‘Japan Times’, fue sentenciado a la pena capital en 2009 por matar en 2004 a siete de sus familiares en la prefectura de Hyogo, al oeste del país, con un martillo y un cuchillo. La Justicia japonesa dictó igyal condena a Takanezawa y Onogawa por cometer en 2003 robos en los que acabaron con la vida de dos empleados de dos salas de máquinas recreativas.
Fujishiro fue ejecutado en Osaka, al oeste del país, mientras que los otros dos reclusos morían ahorcados en Tokio, la capital. El ministro de Justicia japonés, Yoshihisa Furukawa, se limitó en una rueda de prensa a informar de los nombres de los reos, sin detallar si sus familiares pudieron ser avisados o no con antelación. Ésta es precisamente una de las principales críticas que realiza Amnistía Internacional a las autoridades niponas ya que, según detalla, quienes aguardan durante años en el corredor de la muerte -actualmente hay 107 presos- se levantan cada mañana con la angustia de no saber si ese será su último día.
Las ejecuciones en Japón, a diferencia de Estados Unidos, se llevan a cabo en secreto. «Cuando la orden llega todo sucede rápidamente. A los condenados les restan solo unos minutos antes de enfrentarse a la horca», denuncia esta ONG, que lamenta el «inhumano» trato que reciben estos presos, que ni siquiera tienen la oportunidad de decir adiós a sus familias. A ello se suma que aguardan su final durante largo tiempo en celdas diminutas, del tamaño de un aseo, incomunicados, y con las luces prendidas durante 24 horas.
Acciones legales
El hecho de enterarse el mismo día de que serán ahorcados llevó el pasado noviembre a dos presos a emprender acciones legales contra las autoridades para exigir un cambio en el ‘modus operandi’, además de exigir una compensación de más de 160.000 euros por el impacto de estas actuaciones para su salud mental. Las ejecuciones pasaron a notificarse de esta manera abrupta desde 1975, a raíz del suicidio de un recluso al que se le había comunicado con margen la fecha de su ejecución.
A pesar de que la Federación de Colegios de Abogados de Japón había pedido la abolición de la pena de muerte antes del año 2020 e incluso había comenzado a generarse un debate a nivel nacional sobre esta práctica, el subsecretario del Gobierno, Seiji Kihara, defendió ayer que se siga aplicando ya que en el país continúan teniendo lugar «crímenes atroces». «No es apropiado abolirla», sentenció, amparado también en el hecho de que ésta cuenta también con un amplio respaldo popular, superior al 80% según algunas encuestas.
